La Xunta de Galicia regula por ley la calidad en los servicios públicos

24 octubre, 20140

El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado ayer, para remitir al Parlamento, el proyecto de Ley de garantía de la buena administración y de la calidad de los servicios públicos.

Obligación de medir la Calidad de los Servicios.

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La nueva Ley permitirá penalizar, incluso dificultando el acceso a futuros contratos, a subcontratas, en el caso de que existan, pues se extenderá también a empresas concesionarias de la Xunta. De esta forma se busca el cumplimiento de los estándares de calidad fijados en los pliegos de contratación.

Una vez aprobada esta Ley, quedarán fijadas las obligaciones de la administración autonómica con un modelo de gestión más riguroso, dando rango de ley a las reclamaciones de los ciudadanos. Este alcance llega a las empresas contratada por la Xunta, que tendrán que comprometerse con el mismo modelo bajo pena de ser sancionados económicamente si se acreditan las quejas de los ciudadanos.

Especialmente relevante es la necesidad de garantizar en los pliegos los mecanismos necesarios para medir la calidad del servicio (una de las actividades de Pilot CCS) y que las retribuciones vayan vinculadas a ese nivel, debiendo intentarse que el sistema habitual de contratación y de pago de la Xunta esté vinculada a los objetivos de calidad alcanzados y no un precio fijo independiente de la calidad del servicio prestada. La administración actuará como garante de los derechos de los usuarios.

Por último la evaluación continua del funcionamiento de los servicios se debe reflejar en un informe anual, así como la información de la tramitación de las quejas de los usuarios, creándose de esta manera un Barómetro de Calidad de los servicios.

Obligación de proporcionar un empleo seguro y de calidad a los empleados de las contratas de la Xunta de Galicia.

Igualmente los contratistas estarán obligados a proporcionar a sus trabajadores un empleo seguro, protegiéndolos de los riesgos y accidentes laborales. El trabajo debe ser estable y de calidad. Igualmente deben promover las condiciones de conciliación familiar y laboral, así como de igualdad de género. Tendrá la consideración de incumplimiento grave, justificando la resolución de un contrato la vulneración probada de los derechos laborales de los trabajadores.

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